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Con la epidemia de coronavirus aún fuera de control en Estados Unidos, muchos observadores andan preocupados del riesgo que puede representar para muchos votantes acudir a las urnas en noviembre. El riesgo de contagio no es trivial; en algunas votaciones de primarias hechas durante la pandemia hemos visto nuevos brotes. En las presidenciales, con mucha mayor participación, el problema podría ser aún mayor.

La solución a estos temores es el voto por correo, algo con una larga tradición en muchas regiones del país, especialmente en el oeste. En varios estados (Washington, Oregón, Utah y Colorado) todo el mundo vota por correo por defecto (hay la opción de ir a votar en persona, pero se usa poco); en muchos otros es posible pedir el voto por correo sin motivo o justificación, y un porcentaje considerable del electorado aprovecha esta opción.

Con la pandemia, los estados donde el voto por correo no era habitual han adoptado medidas a todo correr para facilitar esta opción. Connecticut, sin ir más lejos, ha añadido “temor a COVID” como una de las justificaciones válidas para pedir voto por correo, e incluso ha recurrido a enviar la solicitud a todo el mundo de forma automática (la solicitud para pedir la papeleta, que luego te envían – Dios nos libre de hacer algo de manera sencilla en este bendito estado). Se estima que hasta un 76% de americanos podrán votar por correo en noviembre sin necesidad de justificante alguno, incluyendo todos los battleground states donde se decidirá la presidencia.

Si esto os parece demasiado lógico y razonable para la política americana, no os preocupéis, que ahora sale Trump.

Resulta que Donald Trump está convencido que el voto por correo le perjudicará enormemente en las elecciones presidenciales de noviembre porque, según él, hay muchísimo fraude en el voto por correo (nota: no lo hay en absoluto) así que quiere evitar que los estados lo hagan más fácil. Su administración se ha hartado de llevar reformas en esta dirección a los tribunales estos últimos meses (y ha ganado algunos casos), y se ha negado de forma tajante a incluir fondos para cubrir los costes del voto por correo en ningún plan de estímulo fiscal.

De forma más insidiosa, aprovechando que el US Postal Service (USPS) es una agencia federal, se ha dedicado a sabotear su funcionamiento sistemáticamente, poniendo un amiguito suyo (y donante a su campaña) como Postmaster General (el director de correos, que tiene un título estupendo) para que introduzca “reformas” para “ahorrar dinero”.

En condiciones normales, que un incompetente nombrado por Trump se cargue una agencia federal a la que los republicanos le tienen manía no sería demasiado sospechoso; Trump pone inútiles a dirigir agencias todo el rato. Noticias como que USPS está retirando buzones de correos en estados del oeste sería visto como algo aislado, anecdótico. O el hecho de que USPS ha retirado 671 máquinas de procesar correo de alta capacidad en docenas de ciudades del país lo tomaríamos como otro ejemplo típico de vaciar una agencia antes de privatizarla. Incluso esos memorándums anunciando que se van a prohibir horas extras, reducir la prioridad a varios envíos, y hacer que el correo vaya un poco más lento sería otro favor a FedEx y UPS, pero poco más.

El problema es cuando el USPS está avisando a todos los estados del país que es muy posible que lo del voto por correo no funcione porque no tienen “recursos suficientes” como para que lleguen a tiempo. O cuando Trump dice en voz alta en varias entrevistas que no quiere dar más dinero al USPS y que está cargándose el sistema aposta porque no quiere que la gente vote por correo.

¿Os acordáis cuando hace unos días hablaba sobre esa extraña omisión en la constitución del país del derecho a voto? Bueno, pues aquí tenéis una de sus consecuencias. Tenemos al presidente de los Estados Unidos diciendo de viva voz que no quiere que la gente vote. Literalmente.

Trump, en ruedas de prensa recientes, ha dicho que no se opone a dar más dinero a USPS (y supongo, dejar de darle coces) si los demócratas negocian un estímulo fiscal con él. Por descontado, fue él quien se cargó las negociaciones hace un par de semanas, y ahora ninguna de las dos cámaras del congreso está ni siquiera en Washington en periodo de sesiones. No parece que tenga demasiado interés.

¿Qué opciones tienen los demócratas? Ahora mismo, es complicado decirlo. Para empezar, no es del todo obvio que liarse a martillazos con el USPS perjudique a los demócratas. Las zonas rurales dependen mucho más del voto por correo que las zonas urbanas, al fin y al cabo, y los republicanos pueden perder muchos votos. Segundo, hay un número nada trivial de legisladores republicanos que se han quejado de la politización de algo tan esencial como correos (una agencia que está recogida en la misma constitución) y que le han dicho a Trump que basta de tonterías. Tercero, algunos estados sí recogen el derecho a voto en su constitución, y están pensando en llevar a USPS a los tribunales por tomar medidas injustificadas para restringir el derecho a voto (sobre cómo un tribunal estatal puede juzgar una agencia federal, ni me lo preguntéis – será un caos).

En el fondo, toda esta saga es algo muy típico de la era Trump: la administración intenta tomar medidas discretas para ganar un beneficio político y Trump se carga todo el plan al decirlo en voz alta. Lo más cómico, por supuesto, es que no hay nada que cabree más a las abuelitas del Midwest que el correo funcionando mal, así que encima este sabotaje no estaba ni siquiera bien pensando.

Una nota final. Leeréis en muchos medios conservadores americanos sobre cómo el USPS pierde miles de millones de dólares al año porque la gente “ya no envía cartas”. Eso es falso. Primero, porque el negocio de paquetería del USPS es gigantesco y muy rentable (una de las paranoias de Trump es que está convencido que Amazon gana dinero porque se aprovecha del USPS, pero ese es otro tema), y más en tiempos de pandemia. Segundo, y más importante, el USPS debe mantener reservas para pagar las pensiones de sus empleados durante los próximos 75 años, merced de una ley de la era Bush. Este es un requisito absurdo por completo que no se le exige a ninguna empresa privada o agencia pública que dependa de recursos propios. Los republicanos la aprobaron precisamente para meter al USPS en pérdidas y buscar excusas para privatizarlo parcialmente.

Porque lo de los republicanos jugando a los bolos con agencias federales no es algo nuevo de la era Trump, obviamente.

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Los políticos son los primeros que no creen en las instituciones. O al menos sólo creen en ellas cuando las circunstancias les favorecen. Si no es el caso, ignoran lo que dice la ley, su espíritu y lo que ellos mismos dijeron tiempo atrás. El PP se considera amo y señor del constitucionalismo –con independencia de lo que eso signifique– y ahora se niega a negociar la renovación del Consejo General del Poder Judicial, establecida en la Ley Orgánica del Poder Judicial, a pesar de que está pendiente desde finales de 2018. El PSOE alega ser un gran defensor del municipalismo y ahora no permite que los ayuntamientos gasten su superávit en medidas sociales (como también impuso años atrás el PP). Ciudadanos dice que «el Gobierno se ha lavado las manos de la gestión cotidiana de la pandemia», cuando la gestión de sanidad y educación está en manos de las autonomías. Son ellas quienes deciden cuántos médicos, enfermeras, rastreadores y profesores se contratan, porque además son ellas quienes pagan sus salarios. Y en política, quien paga, manda.

«Nos ha dejado a la buena de Dios», ha dicho Carlos Carrizosa, de Ciudadanos. Una parte de esa crítica no está equivocada. Sólo falla la última palabra. El Gobierno de Pedro Sánchez ha dejado a los españoles «a la buena» de Díaz Ayuso, Feijóo, Torra, Urkullu y otros. Todos ellos fueron elegidos después de elecciones y votaciones de investidura. Tienen la legitimidad y las competencias, pero varios han preferido mirar a Madrid a la espera de que les llegue la inspiración. O quizá cuando el panorama empezó a empeorar en agosto y se vio que el verano iba a terminar mal, llegaron a la conclusión de que no querían cargar con todo el marrón y debían buscar «chivos explicatorios», como decían Les Luthiers.

Lo que es indudable es que Sánchez decidió que agosto sería el mes especial autonómico y pasó a segundo o tercer plano. En primavera la oposición le había incinerado por la gestión de la crisis. El PP terminó votando en contra de las prórrogas del estado de alarma y presumió de que el Gobierno madrileño había derrotado al coronavirus y salvado a España. «Nos tienen rehenes y amordazados», denunció Isabel Díaz Ayuso en mayo. Han aplicado «un 155 sanitario», dijo Quim Torra, también en mayo.

Los ‘rehenes’ salieron de las celdas en verano, cegados por la luz y la responsabilidad. Sánchez les entregó las llaves y les deseó buena suerte. Cogió la maleta y las gafas de sol y se fue de vacaciones. A ver qué tal se os da esto. Si tenéis algún problema, no me llaméis. Voy a tener apagado el móvil. Fernando Simón estará en contacto con vuestra gente.

En los gobiernos de Rodríguez Zapatero, hubo una emergencia sanitaria de la gripe A y otras dos crisis menores. Comparadas con el coronavirus, eran casi una broma, aunque podían tener serias repercusiones económicas. Las competencias también estaban entonces en manos de las autonomías, pero el Ministerio de Sanidad realizó una labor de coordinación que facilitó las cosas. Nada de lo que está ocurriendo ahora tiene precedentes. Esta vez, Sánchez decidió que durante un tiempo otros debían pasar por la máquina de picar carne.

Al ver que los gobiernos que preside en Madrid, Galicia, Andalucía o Castilla y León comenzaban a quemarse, los dirigentes del PP ofrecieron dos respuestas: estaban los que acusaban a Sánchez de estar tirado en la tumbona mientras aumentaban los casos y los que decían que estaba tumbado en la hamaca. Es un partido muy disciplinado en esto del mensaje y no pasa nada si hay que obviar qué institución tiene las competencias. No mencionaron a Díaz Ayuso, que ha estado de vacaciones durante buena parte de agosto (es un derecho para todos los trabajadores y también para los políticos) o haciendo yoga en su despacho, porque no se le ha oído mucho. La hiperactiva Ayuso ha dejado que sus consejeros lleven el peso de la respuesta pública ante la realidad de que Madrid vuelve a encabezar el ranking de casos de coronavirus confirmados. Los malos datos del sur de la capital y de la comunidad han obligado al Gobierno madrileño a recomendar a los ciudadanos que «intenten quedarse en casa en las zonas en las que hay más incidencia de casos». Al mismo tiempo, descarta el confinamiento por zonas.

«Nos consta que la gente no sigue nuestras recomendaciones», se ha quejado el viceconsejero de Salud Pública, Antonio Zapatero. Mal asunto si la única carta que le queda a un Gobierno es echar la culpa a la gente.

Si todo esto suena a una aparente contradicción, en Moncloa no deberían reírse del mal ajeno, porque puede ser que en septiembre le toque al Gobierno central lanzar mensajes similares.

Esta es la semana en que el Gobierno reanuda su actividad y está por ver cómo afectará a sus relaciones con las CCAA. El martes, hay Consejo de Ministros y se reúne el secretario de Estado de Educación con los viceconsejeros autonómicos. Dos días después, tres ministros se verán con los consejeros de Educación y Sanidad. Díaz Ayuso dará este martes una rueda de prensa con su titular de Educación.

La posición de partida del Ministerio de Educación: ya se acordó en junio que la vuelta al colegio se produjera en las fechas habituales y de forma presencial. Lo que pasa es que, en términos de evolución de la pandemia, junio ya no vale para mucho. Es como si se refirieran a la anterior legislatura. Si el Ministerio insiste en que las clases deben ser presenciales, es muy posible que esté vendiendo una quimera. La única salida viable sería revertir por completo la tendencia en el aumento de los contagios que se está viendo en las últimas semanas. El incremento es evidente en otros países de Europa, pero los datos de España son muchísimo peores. 19.382 nuevos contagios desde el viernes al lunes, 5.992 en Madrid y 3.570 en Catalunya.

Otro aviso de Educación ha sido recordar que se destinó 2.000 millones de euros del fondo Covid para Educación y casi 260 millones para el Plan Educa en Digital. Es decir, gasten el dinero y luego ya hablamos.

El discurso público sobre la pandemia se está viniendo abajo. Tenemos a políticos reclamando a la gente que controle sus relaciones sociales y a muchas personas acusando en redes sociales a los gobiernos de no realizar su labor. Ambos tienen su cuota de razón, aunque en esta competición no hay ganadores si alguien pierde. Las autoridades no están en condiciones de volver al confinamiento total de la primavera –Macron también lo ha descartado en Francia–, porque el impacto económico sería inimaginable y porque ni siquiera están convencidos de que se vaya a respetar como se hizo entonces. Tenemos un déficit evidente de rastreadores en Madrid («en cada área hoy, sólo de la última semana, hay de cientos a miles de positivos a los que no se les ha llamado. No hemos hecho nada con ellos. Hemos perdido el control de la pandemia. Es criminal decir que esto está bajo control», ha dicho una epidemióloga a El País).

 

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Esta ciudad, que fuera el epicentro de la pandemia de COVID-19, inició la fase uno de reapertura económica este lunes, tras más de dos meses de cierre y restricciones para contener la propagación …

Los negocios minoristas, de construcción y manufactura reabrieron y el transporte público volvió a la vida. El gobernador Andrew Cuomo anunció este lunes que podrán reanudarse las cirugías electivas.

“Los trabajadores de construcción se alinearon para ser tomadas sus temperaturas y poder volver al trabajo. Las luces volvieron a encenderse en algunas tiendas del vecindario y sus puertas se abrieron para recoger (productos) en la acera y en la tienda”, escribió The New York Times.

La Autoridad de Transporte Metropolitano observó un aumento en todo el sistema de pasajeros durante este inicio de semana y también aumentó el tránsito de automóviles en la Gran Manzana, de acuerdo con funcionarios estatales.

“Obviamente hoy es un gran día para la ciudad de Nueva York. Tengo que decir que el sistema se veía limpio, tienen todo bien marcado, la gente llevaba máscaras”, dijo Polly Trottenberg, comisionada del Departamento de Transporte de la urbe en conferencia de prensa esta mañana.

El gobernador Cuomo viajó este lunes en metro para dirigirse a su trabajo en Manhattan, mientras portó una mascarilla. “Los trenes subterráneos están más limpios que nunca en mi vida. Si no fuera seguro, no le pediría a nadie que vaya en el metro”, dijo el mandatario.

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